La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, ha reconocido que la empresa concesionaria del Servicio de Atención no Fogar (SAF) ha incurrido en incumplimientos y se le han abierto varios expedientes, aunque ha insistido en que no puede rescindir el contrato ahora mismo y que ese proceso puede llevar “4 ó 5 meses”.
Precisamente, personal de la empresa se ha concentrado este miércoles ante el Ayuntamiento convocado por el sindicato CUT, para denunciar la situación de las trabajadoras y usuarios del servicio. Según ha señalado la central, la concesionaria empezó a prestar servicio hace casi un año y, en este tiempo, ha incumplido los pliegos del contrato, reduciendo personal, ignorando las mejoras prometidas e incluso dejando a usuarios sin el servicio.
Asimismo, el PP planteó que debía resolverse el contrato por el trámite de urgencia debido a los graves incumplimientos, que se reflejan en la apertura de expedientes ya desde el pasado mes de septiembre.
La regidora redondelana ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para explicar que el gobierno local ha abierto “un nuevo” expediente a la concesionaria por “penalidades graves” ante sus “sucesivos incumplimientos”, en el marco del cual hay un informe técnico que reconoce esos incumplimientos y la situación de “desamparo” de los usuarios.
“El nuevo expediente abierto requiere un nuevo análisis de incumplimientos reiterados y la valoración de los mismos”, ha señalado, y ha añadido que dicho trámite puede acabar con una sanción muy grave o bien con la rescisión del contrato.
Con todo, ha reiterado, deben cumplirse unos trámites administrativos de traslado a la empresa, nombramiento de instructor, plazo para alegaciones, etc. Así, la resolución del contrato “llevaría 4 ó 5 meses”, según Digna Rivas, por lo que ha acusado al PP de “engañar” con fines “electorales” a los trabajadores y usuarios cuando asegura que esa rescisión puede ser inmediata, por vía de urgencia.
Finalmente, ha señalado que, a día de hoy, lo adecuado es “reforzar los pliegos consensuados con las técnicas, sindicatos y partidos, para licitar el contrato de cara a septiembre”. “La intención es garantizar la prestación del servicio”, ha añadido, antes de animar a las familias a seguir denunciando posibles irregularidades “porque esa documentación es útil para seguir el trabajo de fiscalización que se está haciendo desde el Ayuntamiento”.
