Una oficina municipal para asesorar a los vigueses sobre el supuesto problema de las ‘okupaciones’ en viviendas. Esta es la propuesta que hizo este sábado el portavoz municipal del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, al considera que Vigo “sigue siendo junto a Murcia la única ciudad de más de 250.000 habitantes que no dispone de una”.
En el marco de esta propuesta, el concejal ha planteado destinar recursos a una oficina que se encargue de asesorar e informar a los vigueses sobre ocupaciones ilegales, “sobre qué hacer en estos casos y cómo pueden recuperar sus propiedades”. En estos términos se ha pronunciado el edil popular tras reunirse con Consuelo, Juan Carlos y Silvia, la familia de la rúa Cacharela de Teis que el pasado mes de septiembre se veía sorprendida cuando un grupo de gente se instalaba en una vivienda de su propiedad.
“La situación mantiene intranquilos a todos los vecinos de la zona a la espera de un pronunciamiento judicial y no hay derecho que ante este tipo de casos el ayuntamiento mire para otro lado”, ha señalado Marnotes tras asegurar que no es la primera vez que el grupo municipal denuncia casos similares.
“Lo denunciamos en el barrio de Teis en varias ocasiones, la última al lado del mercado, y en San Roque, donde tuvo que cerrar una guardería al lado de una casa ocupada”, ha dicho. En este sentido, Marnotes ha lamentado que mientras que ayuntamientos de toda España crean planes contra la “ocupación”, en Vigo no se haga nada. “Son situaciones que condenan a las familias a no poder disponer de sus viviendas, a seguir pagando facturas y consumos de terceros y a largos y costosos procesos judiciales sin encontrar un acompañamiento municipal”, ha incidido.
Para revertir esta situación, el edil del PP ha señalado que la Oficina Municipal de Ocupación Ilegal de Viviendas podría actuar de coordinadora entre la Policía Local, las concejalías de Bienestar Social y Urbanismo y el departamento de estadística.
Además de facilitar asesoramiento e información a los propietarios y vecinos afectados por la ocupación de una vivienda, se encargaría de analizar, en coordinación con los servicios sociales, las situaciones individuales de las familias afectadas y de las personas ocupantes. De manera que, en función de sus necesidades y atendiendo a los recursos disponibles, se les pudiera dar algún tipo de alternativa residencial.
Otro de los objetivos sería evitar que tengan opción de empadronarse en la vivienda ocupada, consolidando así su situación, informando puntualmente al departamento de estadística de cada caso que se comunique. Y además, según detalló Marnotes, para prevenir que las personas desalojadas hagan otra ocupación sería necesario hacer un seguimiento de cada caso.
“En cuanto son desalojados, se mudan a otra casa y el problema no termina, solo se traslada”, ha apuntado Marnotes, para insistir en que “mientras que en otros concellos se actúa de manera contundente, en Vigo se ignora un problema que no hace más que crecer”.
