El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra dejó este miércoles visto para sentencia la vista oral contra la concesionaria Audasa por el cobro de peajes en la AP-9 durante las obras del Puente de Rande. En esta última jornada las partes presentaron sus conclusiones finales después de que declarasen varios agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Los agentes fueron llamados a declarar por el hecho de haber estado destinados durante tres años y medio a patrullar de forma diaria el puente. Aseguraron que la Guardia Civil de Tráfico se vio obligada a destinar diariamente en el puente dos patrullas (cuatro agentes) de 07:00 a 09:30 horas. El motivo era hacer frente a las retenciones que se producían debido a las obras. Estos dispositivos especiales no se habilitaron antes de dichas obras ni se mantuvieron una vez finalizados.
«En las mañanas de lunes a viernes había retenciones y atascos importantes, sobre todo cuando llovía«, explicó un guardia civil. «Por momentos, la AP-9 llegó a estar tan colapsada que tenían que parar el tráfico en la citada rotonda para que no accediesen más vehículos a la autopista porque ya no entraban más», aseguró otro de los agentes.
«Sin mínimo servicio de autopista»
La Asociación En-Colectivo, que defendió a los usuarios, considera que el proceso «prueba que hubo numerosas retenciones, sin que la concesionaria garantizase un mínimo servicio».
La Abogacía del Estado se alineó con la postura de la concesionaria Audasa, negando la existencia de las retenciones. Advirtió también de que si se dictaminase que los usuarios debieran ser indemnizados, sería el Estado el que en última instancia tendría que hacer frente a la misma.
Audasa argumentó que los afectados son responsables de esta situación, ya que podrían haber optado por otras vías en lugar de la AP-9. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha adelantado que la sentencia se dará a conocer antes de principios de marzo.
