En su reunión de este martes por la tarde, el Comité Ejecutivo del organismo abordó este asunto fuera del orden del día a propuesta de la concejala Elena Muñoz, que pidió que se solicitara un estudio jurídico para garantizar el encaje de dicha concesión.
La delegada del Estado en Zona Franca, Teresa Pedrosa, recordó que se trata de una operación compleja que exige, entre otros aspectos, el visto bueno favorable del pleno de este ente y del Consejo de Ministros, por lo que entregó una copia de todo el expediente al abogado del Estado para que sea él quien analice las posibles vías y explore las posibilidades jurídicas. Posteriormente, deberá trasladarlas a los técnicos del Consorcio.
Asimismo, Zona Franca ha asegurado en un comunicado que pretende resolver “de la forma más sencilla este arduo procedimiento de transferencia de bienes públicos”. Por ello, “en cuanto se alcance un acuerdo con el Concello para la compra-venta, el Consorcio tramitará ágilmente ante las instancias estatales dicho acuerdo para que el equipo enseña de la ciudad reciba un estadio con todas sus garantías legales”. Aunque se habla de “compra-venta”, cabe recordar que el alcalde, Abel Caballero, propuso una permuta a cambio de unos terrenos en el PTL.
Con todo, Pedrosa, recordó que hace dos años ya advirtió al ayuntamiento vigués sobre la situación legal de la grada de Río, levantada en parte sobre una parcela pública de titularidad del Estado y en régimen de derecho de superficie otorgado al Concello hasta 2031.
La delegada del Estado apuntó que el 30 de marzo de 2016 se avisó al consistorio de esta circunstancia y se le volvió a insistir cuando se hicieron públicas las negociaciones con el Real Club Celta.
Antecedentes
En 1981, para que en Vigo se pudiese jugar el Mundial del 82, el Consorcio otorgó al Concello “sin contraprestación y por 50 años un derecho no transmisible de superficie sobre un terreno de su propiedad de 4.598 metros cuadrados para la construcción de la denominada grada de Río”.
Según se estipulaba en esta cesión, una vez transcurrido ese tiempo, la propiedad del suelo y sus construcciones deberían revertir al Consorcio.
