“No veo una solución, tengo que solicitar un abogado porque el mío me dejó tirada, dice que no es mi vivienda habitual. Le llevé el padrón y no lo presentó en el juzgado, ahora no me coge el teléfono». Bárbara Miranda, de 40 años, es una viguesa residente el Camiño do Portiño, en la parroquia viguesa de Saiáns, y este miércoles evitó su desahucio por un problema médico.
A primera hora de la mañana, la comitiva judicial se presentó en la casa, subastada a raíz de la quiebra de la empresa que dirigía junto a su padre, Mecanizados UME. Tras sufrir una crisis de ansiedad, los médicos del servicio de emergencias acudieron al domicilio y decretaron que su estado de salud podía empeorar gravemente si se llevaba a cabo el desalojo, por lo que el juzgado dio un plazo de cinco días para entregar la vivienda al nuevo propietario, que la adquirió por 200.000 euros en la subasta que celebró el Banco Popular.
“No es justo, estoy en total desamparo legal porque mi abogado no presentó los papeles para evitar esta situación, cuando me había dicho que teníamos posibilidad de dos procedimientos más”, señala Bárbara, sin paro ni prestaciones y con su marido sin cobrar ningún sueldo por problemas en la empresa en la que trabaja.
Deuda
Su padre, Alberto Miranda, explica que la situación se deriva del concurso de acreedores de la empresa Mecanizados UME que dirigía. Con 44 empleados, entró en concurso en abril de 2013 y fue liquidada y la casa de Saiáns fue subastada pese a que en las escrituras figuraba como una vivienda en ruinas.
“Supuestamente el comprador se hace con una ruina y nosotros podríamos quitar todo lo que habíamos hecho a mayores. El nuevo dueño prometió que iban a negociar y llegar a un trato porque era consciente de que habían comprado una casa en ruinas. Todo esto hasta la semana pasada, cuando nuestro abogado dice que no quiere saber nada más del asunto”, relata Alberto Miranda.
Culpa al abogado de haberlos engañado y de cobrarles dinero “en negro” por su representación, pero sobre todo considera que es una injusticia porque “se trata de la vivienda habitual” de su hija, su yerno y su nieta.
A nombre de Bárbara Miranda figura también un piso en la Avenida de la Florida de Vigo que también fue embargado por el banco debido al mismo concurso y del que fueron desalojados. Viven desde hace cuatro años en Saiáns, donde invirtieron unos 300.000 euros con una hipoteca para rehabilitar la vivienda.
Plataforma Antidesahucios
Ahora tienen la esperanza de que en este nuevo plazo puedan llegar a un acuerdo para negociar con el comprador y “buscarnos la vida” para buscar otra vivienda. La Plataforma Antidesahucios de Vigo-Tui-Baixo Miño también acudió al domicilio y mostró su apoyo a la familia. Este mismo miércoles tratarán el asunto en el grupo de trabajo del colectivo para tomar decisiones. Arturo Fernández, miembro de la plataforma, considera que el siguiente paso debe ser solicitar un abogado de oficio para pedir una moratoria del desahucio amparándose en el plazo de cinco años fijado por el Gobierno.
